El Gobierno italiano decidió avanzar por el capítulo más sensible de la maniobra: la seguridad social. Con una enmienda de gran porte, presentada en el Senado, introduce un doble ajuste sobre las pensiones anticipadas y establece el consentimiento tácito sobre las indemnizaciones por despido para los nuevos empleados, mientras el Parlamento se encamina a votar el texto definitivo antes del 23 de diciembre.
El corazón de la reforma está en las pensiones anticipadas. A partir de 2032, la llamada “ventana móvil” se alargará progresivamente: de los actuales tres meses pasará a cuatro en 2032, cinco en 2033 y seis desde 2034. Un corrimiento temporal que, sin cambiar formalmente los requisitos, retrasa en los hechos el acceso al beneficio.
El segundo ajuste es menos visible pero más incisivo. Desde 2031, la redención del título de estudios perderá peso en el cálculo jubilatorio una vez alcanzados los requisitos. La esterilización comenzará con seis meses y crecerá hasta 30 meses para quienes se jubilen en 2035, reduciendo de forma progresiva el monto efectivo de la pensión.
La maniobra introduce además la afiliación automática a los fondos complementarios para los nuevos trabajadores. El silencio pasará a jugar a favor del sistema: quien no renuncie dentro de los 60 días desde la contratación verá destinado automáticamente su TFR a un fondo de pensión complementaria.
En paralelo, se amplía el número de empresas obligadas a pagar la indemnización por despido al INPS. Aquellas que superen los 50 empleados en los años posteriores a su creación dejarán de estar exentas, reforzando el esquema de financiamiento del sistema.
Del lado empresarial, el Gobierno intenta equilibrar el ajuste con incentivos. Se prorrogan por tres años la hiper y súper depreciación, aunque se elimina el beneficio reforzado para inversiones “verdes” y se condicionan los incentivos a bienes “Made in EU”. También se destinan 1.300 millones al crédito fiscal Transición 4.0 y más de 500 millones a la ZEE única, con aumentos de tarifas para agricultura y pesca.
El financiamiento del paquete incluye una nueva carga para las compañías de seguros, que deberán adelantar cada año el 85% de la contribución sobre primas de vehículos y embarcaciones, por un total estimado de 1.300 millones de euros. Parte de esos recursos irá a sostener las indemnizaciones por despido.
La enmienda también reordena partidas: 780 millones para el Puente sobre el Estrecho se trasladan a 2033, se asignan 300 millones al plan de vivienda y se introduce, desde 2029, una retención en origen del 1% para las empresas con fines antievasión. Todo ello mientras el diferencial cae a 66 puntos, el nivel más bajo desde 2009.
El ministro Luca Ciriani define la enmienda como “grande pero necesaria”. La oposición la acusa de reescribir el presupuesto por la puerta trasera y concentra sus críticas en las pensiones. Confindustria, en cambio, celebra el rumbo y habla de “el camino correcto” para un plan industrial. El debate recién empieza, pero el ajuste ya está en marcha, con menos ruido que impacto.
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