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Hay algo saludable en escuchar a un presidente argentino decir que las Malvinas constituyen una causa que está por encima de las diferencias políticas.
Lo extraño es haber tenido que esperar casi tres años para escucharlo con semejante énfasis.
Javier Milei habló en cadena nacional, rodeado por su gabinete, anunció mayores sanciones contra quienes participen en la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina, prometió utilizar herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales, adelantó medidas vinculadas con Tierra del Fuego y reclamó un frente nacional alrededor de la soberanía.
Bienvenido sea el presidente a una política de Estado.
El problema comienza cuando uno intenta averiguar por qué llegó precisamente ahora.
Durante buena parte de su gobierno, Milei mantuvo con Malvinas una relación bastante menos apasionada. Su admiración pública por Margaret Thatcher produjo comprensible estupor en la Argentina, no porque esté prohibido reconocer atributos políticos en un adversario histórico, sino porque Thatcher fue la primera ministra británica que condujo la guerra de 1982. Tampoco ayudaron algunas de sus referencias al principio de autodeterminación de los isleños, argumento central de la posición británica y rechazado históricamente por la diplomacia argentina para este caso.
Nada de aquello convierte automáticamente a Milei en alguien contrario al reclamo argentino.
Pero hace que su flamante fervor merezca una pregunta.
¿Qué cambió?
Las Malvinas no se movieron. Sea Lion tampoco apareció ayer. La legislación argentina destinada a sancionar la exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización nacional existe desde hace años. Rockhopper lleva mucho tiempo en el radar de Buenos Aires y Navitas tampoco acaba de desembarcar en el Atlántico Sur.
Lo verdaderamente nuevo ocurrió bastante más al norte.
Donald Trump dejó flotando la posibilidad de revisar la posición estadounidense frente a la disputa y, simultáneamente, reprochó públicamente al Reino Unido no haber acompañado suficientemente a Washington en el escenario abierto alrededor de Irán y el estrecho de Ormuz.
Milei vio allí “vientos de cambio”.
Puede que existan.
Pero conviene no confundir el viento con la brújula.
Si una modificación de los intereses norteamericanos abre una oportunidad diplomática para la Argentina, sería absurdo desperdiciarla. Los países serios aprovechan las circunstancias favorables. La política exterior no es una congregación de almas puras: consiste también en reconocer oportunidades y utilizarlas.
Otra cosa muy distinta sería imaginar que Donald Trump ha descubierto repentinamente una vocación malvinera.
Estados Unidos tiene intereses. El Reino Unido también. La Argentina debería tener los propios.
Ésa es precisamente la razón por la cual Malvinas necesita sobrevivir a Milei, a Trump, al próximo ocupante de la Casa Blanca y al próximo inquilino del 10 de Downing Street.
También conviene poner cierta distancia frente a un argumento que reaparece inevitablemente en la discusión argentina: la comparación con 1982.
La dictadura de Leopoldo Fortunato Galtieri cometió el error trágico de interpretar la relación con Washington como una garantía política que jamás existió. La historia terminó demostrando brutalmente dónde estaban las prioridades estratégicas estadounidenses.
Recordarlo es indispensable.
Convertir aquella tragedia automáticamente en una equivalencia con la situación actual sería, en cambio, intelectualmente perezoso. Milei no anunció una operación militar. Por el contrario, enumeró instrumentos diplomáticos, jurídicos y económicos. Entre una cosa y otra existe una diferencia fundamental.
La enseñanza de 1982 es otra y bastante más útil: las simpatías personales entre gobernantes jamás sustituyen los intereses permanentes de los Estados.
Por eso resulta razonable endurecer la respuesta argentina frente a la explotación unilateral de recursos naturales en aguas cuya soberanía está en disputa. Resulta igualmente razonable fortalecer la presencia estratégica argentina en Tierra del Fuego. Y sería todavía más razonable convertir todo ello en una política estable, previsible y jurídicamente sólida, en lugar de una reacción presidencial nacida después de unas declaraciones de Donald Trump.
Hay además una paradoja deliciosa.
Milei, que llegó a la presidencia cultivando una política exterior profundamente ideológica y basada en afinidades personales, acaba encontrándose con una de las causas argentinas que menos admite personalismos.
Malvinas estaba antes que él.
Y seguirá después.
La soberanía argentina sobre las islas no aumenta cuando Trump se enfada con Londres ni disminuye cuando Washington vuelve a abrazar a su aliado británico. Tampoco depende de que un presidente argentino admire a Thatcher un martes y pronuncie “causa sagrada” un jueves.
Si el nuevo Milei significa que la Argentina recuperará una estrategia diplomática persistente, profesional y pacífica sobre Malvinas, habrá que reconocerlo sin mezquindad.
Incluso podría ser una buena noticia.
Pero entonces habrá que hacer algo bastante más difícil que pronunciar una cadena nacional:
mantener la misma política cuando cambie el viento.
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Fuentes consultadas: documentación y legislación argentina sobre la cuestión Malvinas y explotación de hidrocarburos; declaraciones oficiales de Javier Milei y Donald Trump; antecedentes diplomáticos, prensa argentina y británica.