Francia volvió a llenar sus calles. Según las cifras comunicadas por el Ministerio del Interior, unas 410.000 personas participaron en las manifestaciones contra el encarecimiento de la vida, mientras los organizadores elevaron la concurrencia a 800.000. Dos estimaciones diferentes para una misma realidad: una parte considerable de la sociedad francesa considera que sus ingresos ya no alcanzan para sostener las condiciones de vida que conocía.
La jornada comenzó con marchas mayoritariamente pacíficas y terminó, en distintas ciudades, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La policía empleó gases lacrimógenos y cañones de agua, mientras el ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó de casi mil detenciones y atribuyó los episodios más violentos a grupos de ultraizquierda. El propio funcionario reconoció, sin embargo, que las movilizaciones habían transcurrido inicialmente sin mayores incidentes. Una distinción fundamental: no todos los que protestan provocan disturbios, aunque los disturbios terminen ocupando las primeras páginas.
El despliegue de aproximadamente 70.000 policías y gendarmes revela hasta qué punto las autoridades consideraban delicada la situación. París, Lyon, Lille, Montpellier, Marsella, Nantes y Toulouse figuraron entre las ciudades afectadas. En la capital, comercios protegidos con paneles, museos cerrados y modificaciones de los recorridos autorizados ofrecieron una imagen poco habitual de la vida republicana: una ciudad preparada para recibir ciudadanos descontentos como si esperara una invasión.
El movimiento había comenzado con protestas de estudiantes y docentes por las condiciones de escuelas y universidades, pero terminó incorporando reivindicaciones económicas mucho más amplias. No resulta difícil comprender esa evolución. Cuando el costo de la vivienda, los alimentos, el transporte y la energía presiona sobre los presupuestos familiares, las preocupaciones dejan de pertenecer exclusivamente a un sector. El malestar social tiene una particular capacidad para reunir bajo una misma pancarta a personas que difícilmente compartirían una mesa política.
La memoria francesa conserva, además, el recuerdo de los chalecos amarillos, aquel movimiento iniciado en 2018 que durante meses puso en dificultades al Gobierno y mostró la distancia existente entre las decisiones administrativas y la vida cotidiana. La comparación no significa que ambas movilizaciones sean idénticas, pero permite reconocer una constante: los problemas económicos que no encuentran respuestas convincentes en las instituciones terminan buscando interlocutores en las plazas.
En paralelo, Orleans fue escenario de otra manifestación, esta vez contra el partido Agrupación Nacional, encabezado políticamente por Marine Le Pen y Jordan Bardella. Al menos 13.000 personas marcharon contra la formación de derecha radical, que celebraba allí su congreso. Bardella fue reelegido presidente partidario con el 98,98 % de los votos y anunció su ambición de convertir a su fuerza en protagonista del próximo Gobierno. Francia no solamente discute cuánto cuesta vivir: también discute quién deberá gobernarla y con qué proyecto de país.
La tensión política se agravó con un ataque armado en Trappes, al oeste de París, donde murió una persona y otras cinco resultaron heridas. Las autoridades investigaban un posible móvil racista. Emmanuel Macron condenó el episodio y Marine Le Pen también expresó su rechazo. Los adversarios políticos intercambiaron acusaciones sobre el clima ideológico que rodea estos acontecimientos. Pero una investigación penal no puede sustituirse por un debate partidario: establecer responsabilidades individuales corresponde a la Justicia, no a los discursos de campaña.
Las protestas también alcanzaron Italia, Bélgica y Albania, aunque con características propias. En Tirana, los enfrentamientos dejaron centenares de heridos, según las autoridades albanesas. Sería apresurado presentar todas estas movilizaciones como una rebelión europea uniforme. Sin embargo, existe un elemento compartido que merece atención: el deterioro de la confianza entre ciudadanos e instituciones cuando las promesas políticas parecen avanzar mucho más rápidamente que los salarios.
Una democracia tiene derecho a defender el orden público y la obligación de proteger a quienes se manifiestan pacíficamente. También debe perseguir los delitos sin convertir la protesta en sospecha colectiva. Pero hay una tercera responsabilidad, bastante menos espectacular que los vehículos blindados y los gases lacrimógenos: escuchar las razones que llevan a cientos de miles de personas a abandonar sus ocupaciones para salir a la calle. Porque cuando un Gobierno solamente consigue hacerse escuchar mediante altavoces policiales, el problema ya no es exclusivamente de seguridad.
Francia no necesita elegir entre el desorden y el silencio. Necesita recuperar una conversación política capaz de distinguir las demandas legítimas de la violencia y las soluciones posibles de la propaganda. Los escaparates rotos pueden repararse en pocos días. La confianza pública, cuando se rompe, exige bastante más tiempo. Y ninguna República, por antigua y orgullosa que sea, dispone de un depósito inagotable de paciencia ciudadana.
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Fuente informativa: crónica en inglés de Peter Conradi, facilitada para esta edición. Las cifras y declaraciones se atribuyen a las fuentes mencionadas en el material original.