Hay momentos en que la política necesita toneladas de discursos para hacerse escuchar. Y otros en que basta el tintineo de unas llaves.
España acaba de descubrirlo.
María del Carmen Abascal tiene 87 años y llevaba siete décadas viviendo en el mismo piso del barrio madrileño de Retiro. El edificio cambió de propietario y la continuidad de aquel viejo contrato terminó en los tribunales. La renta que rondaba los 500 euros quedó enfrentada a una exigencia que llegó a los 2.650 euros y posteriormente fue rebajada a 1.650. Maricarmen terminó desalojada.
Hasta aquí podría parecer otro expediente judicial dentro del gigantesco archivador de los conflictos inmobiliarios europeos.
Pero Maricarmen salió de su casa y España entró en ella.
Su desahucio encendió una protesta que primero ocupó la Puerta del Sol y después se extendió por numerosas ciudades. Este sábado, los organizadores cifraron en alrededor de 70.000 los participantes solamente en Madrid; otras fuentes describieron decenas de miles de manifestantes en el conjunto de las movilizaciones. Las cifras pueden discutirse. La existencia del problema, bastante menos.
Porque detrás de una pancarta siempre conviene mirar las matemáticas.
El Banco de España calcula que entre 2021 y 2025 se acumuló una diferencia de unas 750.000 viviendas entre la creación de nuevos hogares y las viviendas terminadas. La Comisión Europea señala, además, que el parque de vivienda social español continúa siendo extraordinariamente reducido respecto del promedio comunitario.
Traducido del idioma de los informes al castellano de la calle: hay demasiada gente buscando techo y demasiado poco techo disponible a precios que buena parte de esa gente pueda pagar.
Y cuando el salario corre detrás del alquiler, la ideología suele quedarse esperando el autobús.
Por eso sería demasiado cómodo explicar lo ocurrido como una rebelión contra Pedro Sánchez. No lo es exactamente. Buena parte de quienes protestan reclamaban precisamente medidas que su Gobierno intentó aprobar. Dos decretos sobre vivienda fueron derrotados el viernes en el Congreso por una combinación de votos de PP, Vox, UPN y Junts, aunque por razones políticas diferentes.
He ahí una de esas exquisitas paradojas que solamente la política sabe cocinar: el Gobierno recibe la presión de la calle para resolver un problema, lleva medidas al Parlamento y pierde la votación; sus adversarios celebran la derrota parlamentaria mientras los manifestantes continúan protestando porque el problema sigue exactamente donde estaba.
El alquiler, por lo visto, no consulta el resultado de las votaciones antes de vencer a fin de mes.
Pedro Sánchez ha abierto un fin de semana de reflexión y Moncloa no descarta escenarios, incluido un eventual adelanto electoral. Después de ocho años en el poder, con una mayoría parlamentaria frágil y presupuestos prorrogados, la derrota en materia de vivienda añade otra grieta a una legislatura que ya caminaba con bastones.
Pero convertir todo esto en una simple pregunta sobre cuánto tiempo le queda a Sánchez sería confundir el termómetro con la fiebre.
España puede cambiar de presidente, de mayoría parlamentaria y hasta de color político. Ninguna urna, sin embargo, construye por sí sola las viviendas que faltan.
La izquierda propone mayor protección de los inquilinos y mecanismos para contener precios. PP y Vox cuestionan los controles sobre los alquileres y sostienen que pueden reducir la oferta; el PP propone, entre otras medidas, movilizar suelo público para aumentar la construcción. Cada receta merece ser examinada por sus resultados y no solamente por el color de la etiqueta pegada al frasco.
Porque el problema ya ha escapado de los despachos.
Afecta al estudiante que no puede independizarse, al trabajador que dedica una parte creciente del sueldo al alquiler, a la pareja que posterga formar una familia y al jubilado que descubre que permanecer en el barrio donde envejeció puede haberse convertido en un lujo.
Y entonces aparece Maricarmen.
Una mujer de 87 años que probablemente nunca imaginó convertirse en símbolo nacional de nada. Vivía simplemente en su casa.
Tal vez ahí resida la verdadera potencia política de esta historia.
Los gobiernos suelen temer las grandes conspiraciones, las mociones parlamentarias, las encuestas y las maniobras de sus adversarios. Pero algunas veces los problemas más peligrosos entran por una puerta mucho más pequeña: la de una vivienda cuyo alquiler alguien ya no puede pagar.
Pedro Sánchez decidirá si continúa o convoca elecciones.
Los españoles decidirán después quién quieren que gobierne.
Pero quien ocupe La Moncloa tendrá sobre el escritorio una factura que no desaparecerá con el recuento electoral: faltan viviendas, sobra presión sobre los alquileres y una generación empieza a preguntarse si trabajar seguirá siendo suficiente para permitirse algo tan poco revolucionario como un techo.
Por eso las llaves que tintineaban este sábado en Madrid tienen un sonido particular.
No abren solamente puertas.
También pueden cerrar ciclos políticos.
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