
Haití lleva años padeciendo una tragedia que el mundo contempla con una mezcla de preocupación, impotencia y acostumbrada indiferencia. Las organizaciones criminales disputan territorios, condicionan la vida cotidiana y desafían a unas instituciones debilitadas. Mientras tanto, la población paga la factura de una guerra que nunca declaró y de una paz que nadie consigue garantizarle.
La información difundida sobre la presunta desaparición de cuatro militares salvadoreños, integrantes de una misión internacional contra las pandillas, introduce un nuevo elemento de tensión. Según el relato conocido, los efectivos habrían sido emboscados durante un desplazamiento por una zona dominada por grupos armados. Sin embargo, las circunstancias del episodio y su desenlace requieren confirmación independiente. En cuestiones militares, la prudencia informativa no es cobardía: es una obligación profesional.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aparece en el centro de esta controversia por las declaraciones que se le atribuyen y por la posibilidad de trasladar a Haití su conocida política de seguridad. Pero una cosa es combatir organizaciones criminales dentro de las propias fronteras y otra muy distinta intervenir en un país extranjero. Entre ambas decisiones existe una palabra que algunos gobernantes consideran un estorbo: soberanía.
La experiencia salvadoreña ha demostrado la capacidad del Estado para reducir drásticamente la violencia homicida, aunque también ha provocado serias denuncias sobre detenciones arbitrarias, garantías judiciales y derechos fundamentales. Presentar ese modelo como una receta universal sería tan imprudente como ignorar sus resultados. La seguridad importa, naturalmente. Pero también importa que el remedio no termine convirtiéndose en una enfermedad institucional.
Haití, por otra parte, no necesita importar discursos de autoridad para descubrir que tiene un problema de autoridad. Lo conoce demasiado bien. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, la crisis política ha profundizado la fragilidad de un Estado incapaz de garantizar plenamente la seguridad de sus ciudadanos. Las pandillas no surgieron de la nada ni desaparecerán por arte de magia cuando aparezcan uniformes extranjeros.
Las operaciones internacionales contra estos grupos enfrentan dificultades que van mucho más allá del número de soldados disponibles. Se necesitan inteligencia, coordinación, recursos, legitimidad política y, sobre todo, instituciones haitianas capaces de sostener los resultados. Ocupar una calle puede ser relativamente sencillo. Conseguir que sus habitantes vuelvan a vivir sin miedo es una empresa bastante más complicada.
También convendría recordar que las intervenciones extranjeras en Haití poseen una historia extensa y no precisamente gloriosa. Demasiadas veces llegaron acompañadas de promesas solemnes y se marcharon dejando problemas pendientes. Por eso, cualquier nueva participación militar debería contar con fundamentos jurídicos claros, objetivos verificables y mecanismos de rendición de cuentas. La solidaridad internacional no puede convertirse en un cheque en blanco para la improvisación armada.
Si finalmente se confirma una operación salvadoreña de gran envergadura, corresponderá determinar su alcance, su autorización y sus consecuencias. No bastará con exhibir una columna de vehículos militares para demostrar que existe una estrategia. Los blindados pueden atravesar una avenida; lo que todavía no se ha inventado es un blindado capaz de transportar legitimidad democrática.
El drama haitiano exige firmeza contra quienes secuestran, extorsionan y asesinan, pero también exige realismo. Ninguna sociedad reconstruye su futuro exclusivamente mediante operaciones de fuerza. Sin justicia, servicios públicos, instituciones responsables y oportunidades económicas, la violencia simplemente cambia de uniforme, de jefe o de domicilio.
Y aquí aparece la paradoja que la diplomacia suele envolver en palabras elegantes: el mundo reclama estabilidad para Haití, pero continúa buscando soluciones rápidas a una crisis construida durante décadas. Si la política internacional pretende demostrar que todavía sirve para algo, tendrá que ofrecer bastante más que amenazas, fotografías militares y comunicados de ocasión. Porque las pandillas pueden gobernar mediante el miedo, pero los Estados tienen la obligación de gobernar mediante la ley.
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Fuentes consultadas: BBC News Mundo (21–25 de octubre de 2026); Associated Press (23 de octubre); Reuters (27–29 de octubre); AFP (29 de octubre).
